El pacto alcanzado entre el PP y PSPV para la reforma del Estatut [Valenciano] oficializará el catalán. Desgraciadamente, este no es un simple titular para llamar la atención; es un hecho real. ¡Así de contundente y así de claro!

Pese a las iniciales promesas de respetar la voluntad ciudadana y, por tanto, no modificar el título I del Estatuto –donde se hace referencia a las señas de identidad de nuestro pueblo–, ambas formaciones políticas van a dejar sin contenido el art. 7, en el que se reconocen como lenguas oficiales, el valenciano y el castellano.

Esto acarreará, si se ratifica en la nueva Carta Magna, la inclusión de la AVL como institución con rango estatutario, lo que otorgará a todas sus resoluciones un estatus de legalidad superior y, por lo tanto, obligará a su cumplimiento.

La Academia Valenciana de la Lengua, que no Academia de la Lengua Valenciana (aquí el orden de los factores sí altera el producto) trabaja por y para destruir el valenciano. De haber sido lo segundo (Academia de la Lengua Valenciana), lo harían por la singularidad y personalidad de nuestra lengua, y a título honorífico (como en las restantes Academias). No ocurriría lo que pasa con los actuales académicos que, además de cobrar de los fondos públicos de los valencianos (casi un millón de las antiguas pesetas al mes durante quince años renovables), están al servicio de la que ellos consideran su madre, el Institut d’Estudis Catalans (IEC), bajo los auspicios de los Maragall/Carod-Rovira.

Así lo refrendaron en el Dictamen sobre la denominació i l’entitat del valencià, que aprobaron el pasado 9 de febrero (batalla d’Almansa II), en cuyo artículo primero dice: ‘‘... la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra...’’.

Un dictamen que vulnera la ponencia política del PP (posiblemente no la han leído), presentada por Ignacio Gil Lázaro, y aprobada en el congreso de Valencia, donde prometían: “Rechazar siempre la unidad lingüística”, además de romper la “tradición” de defender la defensa del idioma valenciano.

¿Qué credibilidad tendrá a partir de ahora Serafín Castellano, portavoz del PP, después de manifestar que “el PP mantiene la postura que siempre ha mantenido” en cuanto a “no apoyar nada que signifique unidad de la lengua o cosas similares”? ¿Y la de Rafael Maluenda cuando dice que “el PP, y ese es un sentimiento mayoritario (¿seguro?) de nuestros militantes, se opondrá a la unidad del valenciano y catalán”? ¿Y la del Conseller Font de Mora, cuando afirma que, “cuando se produzca una vulneración en lo que se refiere a la denominación estatutaria de nuestra lengua, no nos quedaremos de brazos cruzados y defenderemos la ley”? ¿Y la de González Pons?: “La AVL no puede cambiar el Estatuto”.

Todas esas declaraciones, o principios de buenas intenciones, van a quedar simplemente en eso: palabras.

Tras la publicación del dictamen de la AVL en el DOGV (con la aprobación del PP, y la celebración de PSPV, ERPV, Bloc y EU, con cava catalán, claro) el pasado 13 de abril, donde se equipara oficialmente valenciano y catalán, el Gobierno valenciano ha dado rango de legalidad a un acto antiestatutario que contraviene la identidad idiomática de la lengua valenciana.

Tanto es así que esto provoca la imposibilidad de recurrir (entre otras cosas) ante los tribunales el decreto de las escuelas oficiales de idiomas (EOI) que pretende aprobar el Giocondo Zapatero, donde se impondrá la doble denominación valenciano/catalán.

Es decir, que se nos ha estado engañando cuando se nos decía que se respetaría la legislación vigente. Ahora se demuestra que, no contentos con su inclusión en el Estatut, cambiarán la mayoría simple por la de dos tercios de votos en las Cortes Valencianas para cualquier modificación o derogación de la AVL. Este hecho supone en la práctica blindar definitivamente la AVL y entregar cualquier decisión sobre el tema a los defensores de la unidad de la lengua.

A partir de ese momento, ya no podrá hacer nada el negociador Serafín Castellano. Ni tan siquiera el gesto de hace cuatro meses, cuando amenazó con cambiar la ley de la AVL para anular el quórum exigido y poder nombrar académicos por mayoría.

Están haciendo todo lo posible para que Carod-Rovira reclame la autoridad vía IEC, con el nuevo ente llingüistic dels Països Catalans que propone construir en su nuevo Estatuto. Porque, como decía anteriormente, ya existe una denominación oficial DOGV, de que son la misma cosa: conciencia de compartir una misma lengua con catalanes y mallorquines. De la misma forma que se incluyen algunas normas de ordenamiento jurídico que homologan el idioma propio de los valencianos y el catalán.

La AVL, nacida de pactos políticos secretos (hoy descubiertos), con oscuros intereses de otras autonomías, ha demostrado una dependencia orgánica con el IEC que, lejos de pacificar, ha empeorado la situación.

La sumisión inexplicable (o sí) de nuestros políticos a este ente mortal para los valencianos, hace que incluso Carlos de la Iglesia, directivo de Microsoft España, no salga de su asombro y declare en su visita a Valencia que se puso en contacto con la Generalitat Valenciana para preguntar si querían que se incluyese el valenciano como idioma “oficial” (está en las otras cuatro lenguas), de forma gratuita y crear la respectiva versión Windows, y aún está esperando algún tipo de respuesta.

En definitiva, si las prisas por poder presentar nuestro Estatuto como el primero de los reformados (en busca de posibles medallas) supone entregar nuestra singularidad más genuina a los catalanistas, habremos (habrán) renunciado (como los mallorquines) a la propia personalidad y, entonces, ya no podremos echarle la culpa a nadie, más que a nuestros propios representantes. No creo que nuestro president, por mucho que se empeñe González Pons, quiera pasar a la historia con semejante losa. ¡Sr. Camps, Ud. tiene la palabra y la solución, luego no se arrepienta, ni haga que nos arrepintamos de haber confiado en quien no lo merecía!

Y a todo esto, ¿la RACV piensa decir algo u oponerse, o simplemente espera el puente (trampa) que pretende tenderle la AVL (Las Provincias 30/04/05), ya que cuenta todavía allí con magníficos embajadores? ¿O espera simplemente obedecer el dictamen de los que le aportan subvenciones?