Aunque en la Constitución quede claramente reflejado el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, parece que la clase política actual le ha cogido gusto a eso de darle patadas y patadas a tan solemne escrito.

Para que se hagan una idea, una vivienda de obra nueva a las afueras de Valencia, de 65m2 y dos habitaciones, tiene un precio de 264.445 euros (44.000.000 millones de las antiguas pesetas). La hipoteca media que tendría que pagar el feliz propietario es de 1.300 euros mensuales, durante la friolera de 30 años. Por el contrario el ingreso medio mensual de los hogares valencianos es de 1.700 euros. En definitiva, con 400 euros una familia tiene que comer, pagar agua, luz, teléfono, gas, ropa, transporte, etc... A mi no me salen las cuentas ¿y a ustedes?

Pero ¿que pasa con la vivienda protegida? Según datos estadísticos del Ministerio de Vivienda, el número de viviendas protegidas terminadas en Valencia en 1996 ascendía a 7.439, mientras que el año pasado tan solo fueron 2.939, sometidas al sorteo de “pito, pito, gorgorito”. Un claro descenso que evidencia la nefasta gestión del PP, absorto en la realización de obras faraónicas e inauguraciones millonarias. Baños de gloria, que lejos están de resolver los verdaderos y acuciantes problemas de los valencianos, hartos de pagar cada vez más impuestos y de ver como nos ganamos a pulso el título de ser los ciudadanos más endeudados de toda España.

Yo les recordaría a nuestros famosos, ricos y guapos políticos, entre canapé y canapé, que el pueblo les eligió para servir y proteger sus intereses y que de la misma manera sabrán escoger la mejor opción en las próximas elecciones de mayo de 2007.