OPINIO
 

De teatro romano a circo para hijosdeputa
 

Juan García Sentandreu/ Este país está lleno de hijosdeputa. He dejado pasar 48 horas para no tener que empezar este artículo de esta manera pero como lo de la filiación hijoputicia es congénita, por mucho que deje pasar el tiempo, poco podré evitar llamar a cada uno por su nombre. Sobre todo si Camps puede llamar hijodeputa a un “amiguito del alma” ¿por qué no voy yo a hacerlo con mis enemigos?


Los socialistas valencianos sepultaron el teatro romano de Sagunto alicatándolo hasta el techo de mármol como si de un cuarto de baño se tratara. Los del PP, entonces en la oposición, promovieron recurso contencioso administrativo contra del desafuero y atentado a la historia y al patrimonio y ganaron. Ganaron con estoque y puntilla pues el tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal de Valencia, ordenando la demolición y retirada de las placas de mármol travertino superpuestas a la historia e identidad del primer monumento nacional declarado en tierras ìtacas.


Pero los del PP llegaron en el 95 al poder y las cosas empezaron a verse de otra manera. Se encontraron con otro histórico y anterior a perpetrarse la horterada. Y el PP de Camps, como si de un traje a medida se tratara, montó una comisión de expertos para decirle al tribunal que la sentencia era "de imposible cumplimiento " desde un punto de vista "técnico".


Y no sólo no se conformaron con tamaña tomadura de pelo prevaricadora sino que iniciaron un expediente administrativo para la "legalización de las obras de remodelación" que hicieron los socialistas por medio de la figura de la convalidación. Es decir, se cagaron en la sentencia del tribunal de Valencia y del Supremo y donde estos dijeron que las obras eran ilegales, ahora, la política dicen que son legales. Por sus santos huevos.


La administración demandada presentó un "incidente de inejecución de sentencia por imposibilidad material de demoler el teatro" y los señores Magistrados del Pleno de la Sección Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia se la han envainado y han dicho que donde dijeron digo ahora dicen diego, dando por bueno el dictamen de una "Comisión de Expertos" nombrada por la administración demandada. O sea, que si me demandan a mí y yo designo a la comisión de expertos que me dé la gana para que digan lo que a mí me dé la gana, como son "expertos", pues así el tribunal tiene una visión "imparcial y técnica" para cambiar de criterio.


¿Y el principio legal de la cosa Juzgada? ¿Y el de la firmeza de las sentencias? ¿Y el del imperio de la ley? ¿Y el principio de legalidad y de jerarquía normativa? ¿Y el de la imparcialidad e independencia de los jueces? ¿Y el de la sensatez, del honor, de la dignidad y de la vergüenza de las personas?


Sólo un Magistrado se ha atrevido a discrepar con la resolución presentando un voto particular denunciando que se debería de haber nombrado una "comisión imparcial", cosa que, por supuesto, no puede designar quien es el demandado en la causa -La Generalidad antes socialista y ahora del PP-.


Esto no es un estado de derecho. Es un estado donde la podredumbre institucional, incluido el poder judicial, está llegando a extremos insoportables e irrespirables.


Juan García Sentandreu
Presidente de Coalicio Valenciana