José Manuel Bou/ Resulta curioso que movimientos que tradicionalmente se mostraron unidos (y que son la columna vertebral del “political correct” americano) como el feminismo y el antirracismo encuentren un punto de colisión a la hora de valorar las costumbres en el vestir de inmigrantes en Europa procedentes de países islámicos, como el velo, el nicab y el burka. Mientras las feministas las consideran muestras de sumisión de la mujer al hombre, los antirracistas sostienen que esta es una visión etnocentrista y que, en su contexto cultural, estas prendas pueden tener un significado distinto, incluso opuesto, como liberación de las cadenas de la moda y de las exigencias estéticas occidentales que tratarían a la mujer como un objeto sexual. Si esta interpretación puede ser discutible en lo relativo al velo, resulta inaceptable en las otras prendas señaladas que tapan la cara de la mujer. En Occidente que a un ciudadano se le pueda ver la cara, y por tanto identificarle cuando anda por la calle, no es una cuestión de estética o de costumbre en el vestir. Es una cuestión de dignidad y de orden público, y esos son precisamente los límites de la libertad de ponerse la ropa que uno quiera.

Como lo único peor a que a uno lo llamen sexista es que lo llamen racista, nuestros políticos y medios de comunicación se encuentran paralizados ante esta cuestión sin saber a que agarrarse. Aquí resulta imposible ser del todo políticamente correcto, pues se adopte la posición que se adopte se peca de algo.

Otra cuestión en que se ponen de manifiesto las paradojas del igualitarismo, las contradicciones de lo políticamente correcto y las trampas del relativismo es la referida a como extranjeros copan las ayudas sociales privando de ellas a los españoles más desfavorecidos. Querer negar esto acusando de racista a quien lo señale es querer negar la evidencia.

Yo creo que los extranjeros deben gozar de los derechos fundamentales recogidos en la constitución en términos de igualdad con los españoles, con las lógicas excepciones señaladas en la propia constitución en lo relativo al sufragio. Creo también que los inmigrantes legales deben tener acceso a los servicios públicos en las mismas condiciones que los españoles, pues es exigencia de la vocación humanista de nuestro sistema. Finalmente creo que los extranjeros residentes en España pueden acceder a las prestaciones sociales cuando cumplan los requisitos para obtenerlas, pero no a costa de privar de ellas a los españoles. Aquí un igualitarismo integrista nos invitaría a pensar que los inmigrantes deben acceder a estas ayudas sin valorar su nacionalidad y si de ello resulta que a los españoles les van a ser negadas, pues mala suerte. Sin embargo esta sería una visión muy simplista. La verdadera igualdad exige valoraciones más profundas que esas.

En primer lugar debemos tener en cuenta que los inmigrantes pueden recibir ayudas a la integración que por su propia naturaleza los españoles no reciben. Además en determinados casos pueden recibir ayudas de los gobiernos de sus países de origen a través de las embajadas, que obviamente tampoco van a recibir los españoles. Pongamos por caso a un comerciante chino que compite en el mercado con uno español. Si el primero recibe una ayuda del gobierno chino, y otra del gobierno español, y el segundo solo la del gobierno español y a veces ni eso, difícilmente podrá competir en condiciones de igualdad con el oriental. Por último debemos valorar también el principio de reciprocidad. Observemos a un ecuatoriano, un marroquí y un rumano que cobran el “prodi” (la nueva ayuda de Zapatero) en España y preguntémonos ahora ¿un español en Ecuador, Marruecos o Rumania accedería a un subsidio equivalente en las mismas condiciones, cumpliendo los mismos requisitos, de los gobiernos de estos respectivos países? Todos sabemos que no. No parece muy justo para los españoles que extranjeros estén cobrando en España en condiciones en las que los españoles no cobrarían en estos países.

Un extranjero que haya trabajado un año en España puede cobrar cuatro meses de paro, dos años de subsidios con responsabilidades familiares (aunque su mujer o sus hijos se encuentren fuera de España), seis meses de prodi, once meses de RAI, ayuda esta última que puede cobrar hasta 3 veces (solo por citar las ayudas del INEM). Bien es cierto que un español también puede cobrarlos, pero los límites de rentas son tan bajos que muchos no podrán hacerlo, salvo que obtengan sus ingresos en la economía sumergida, cosa frecuente en los extranjeros. Que unos inmigrantes que han conseguido su permiso en función de que tenían un contrato de trabajo, cobren un subsidio para asistir a las personas en el desempleo no tiene lógica, puesto que si ya no tienen trabajo lo adecuado es que regresen a su país, no que permanezcan en España viviendo de ayudas sociales mucho más tiempo del que estuvieron trabajando. De igual modo, ayudas que tienen por objeto fomentar la natalidad para combatir el envejecimiento de la población, no tiene sentido que las copen inmigrantes cuya presencia en España es, en principio, provisional, en relación a oportunidades laborales que no tienen en sus lugares de origen a los que, en teoría, regresaran cuando su desempeño profesional haya terminado.

Según datos de las comunidades autónomas poco más de un 10% de población inmigrante recibe casi el 50% del gasto en programas sociales y cada inmigrante implica un gasto social de más de 600 € por encima de lo que aporta. No pretendemos frivolizar con la tragedia de la inmigración (de la que he tratado en otros artículos) ni presentar a los inmigrantes como parásitos, que viven de ayudas públicas. Cierto que algunos lo hacen (cierto que algunos españoles también), pero la mayoría intentan trabajar y buscar un futuro mejor. El problema es que en la actual situación de crisis, con la inmigración desbocada que las irresponsables políticas del PP y del PSOE han facilitado y el absurdo sistema de subsidios en el que se prima la picaresca sobre el trabajo, la finalidad ultima de la inmigración no parece ser ya trabajar, sino vivir de ayudas sociales, y eso no hay economía que lo resista.

En este contexto, que se establezcan cuotas mínimas de ayudas a percibir por españoles, que se señale como requisito la nacionalidad española para acceder a algunas de ellas y que, como propone Coalición Valenciana, se fije un principio de prioridad de los ciudadanos autóctonos frente a los foráneos, no parecen propuestas descabelladas ni concesiones al populismo, ni mucho menos al racismo, sino una necesidad para evitar males mayores, que posiblemente los inmigrantes serian los primeros en padecer.