OPINIO
 

Los derechos de los inmigrantes

 
 

José Manuel Bou/ La decisión del Ayuntamiento de Vic de negarse a empadronar a inmigrantes ilegales ha puesto de nuevo de relieve el problema de la inmigración. Esta propuesta ha recibido un gran número de críticas, tanto desde el Gobierno como desde los medios de comunicación, acusándola de no tener encaje en el ordenamiento jurídico y de vulnerar los derechos fundamentales de los inmigrantes. La cuestión es controvertida ya que la ley no es clara al respecto y se presta a múltiples interpretaciones. El art. 18.2 de la Ley de Bases de Régimen Local afirma que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.

Esto da a entender que la norma asume que habrá ilegales inscritos, pero también que la negativa del Ayuntamiento a llevar a cabo dichas inscripciones puede ser administrativamente irregular, pero en absoluto vulneradora de sus derechos, porque la ley dice claramente, que la inscripción no les confiere ninguno que antes no tuvieran. No obstante, todos sabemos que la inscripción en el padrón permite en la práctica el acceso a determinados servicios.

Por otra parte la inscripción de inmigrantes ilegales puede constituir un fraude de ley respecto a la normativa sobre extranjería al oficializar una estancia en suelo nacional, que por definición, es irregular. Una política de inmigración coherente debe basarse en la lucha contra el racismo y la xenofobia y en la ayuda a la integración del inmigrante legal, pero también en la lucha contra la inmigración ilegal y en la protección de los derechos del ciudadano nacional. La presencia de inmigrantes en situación irregular por tiempo indefinido, esperando la nueva regularización masiva de un gobierno demagogo para legalizar su presencia, supone un abuso del derecho que echa por tierra el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y alimenta el negocio de las mafias ilegales. La inscripción de ilegales en los padrones municipales contribuye a ello, y por tanto, es perfectamente legítimo que un Ayuntamiento se plantee su conveniencia.

Resulta además bastante cínico oír hablar de derechos de los inmigrantes a quienes con una política esquizofrénica los han abocado al desempleo, a la economía sumergida y a la desesperación. Los inmigrantes legales, al igual que los españoles, tienen derecho a no ser despedidos porque a los empresarios les salga más barato contratar ilegales, tienen derecho, ya que pagan sus impuestos, a recibir prestaciones asistenciales sin que sean todas copadas por ilegales en la indigencia. Los ciudadanos de países en vías de desarrollo que se planteen venir a España a trabajar, tienen derecho a conocer los mecanismos para hacerlo legalmente, tienen derecho a no ser estafados por mafias que pongan en peligro su vida durante el viaje, tienen derecho a ganarse la vida en su país sin necesidad de emigrar. Quienes les niegan esos derechos, quienes quieren que haya mano de obra barata ilegal, porque los caciques que la contratan son quienes les pagan las campañas electorales, quienes quieren el voto cautivo de extranjeros después de una regularización masiva son quienes cínicamente acusan de racismo a los vecinos que sufren día a día los estragos de la inmigración ilegal.

La mejor garantía de los derechos de los inmigrantes es una política de extranjería seria, con la que sepan a que atenerse y que impida la masiva presencia de ilegales en nuestro territorio. Una solidaridad mal entendida solo beneficia a las mafias y a los explotadores… y a los impresentables que nos gobiernan y que nos están hundiendo a todos, españoles e inmigrantes, en la peor crisis que se recuerda.