Chimo Ferrer/ Hace muchos años, un buen amigo bastante mayor que yo me dio un consejo, ‘Chimo, lo más barato siempre es la ley’. Mi amigo se refería que a largo plazo, cumplir la ley a rajatabla siempre resultaba mejor, menos problemático, y más económico por el ahorro en pleitos y posibles sanciones administrativas.

Aquel viejo consejo, partía de una premisa, que las leyes estaban hechas pensando en mejorar la sociedad y las relaciones entre los ciudadanos. Esta premisa, en los años que llevamos desde que se votó la Constitución del 78, parece que se ha ido diluyendo como un azucarillo. Debido a los equilibrios parlamentarios, los intereses de las minorías, y los abundantes dineros públicos empleados, los distintos partidos políticos (que se han convertido en una especie de tenia del Estado), han desarrollado leyes que alejadas del interés general buscan conseguir beneficios para pequeñas zonas, territorios, o grupos de poder. Así, vemos como en Cataluña, los políticos han diseñado un estatuto que lejos de interesarse por el bien general y por conseguir una de las máximas ya impulsadas hace varios siglos en la Revolución Francesa, la igualdad, han retorcido la Constitución para que diga lo que a ellos les interesa, y así, beneficiar a unos pocos, con el consiguiente perjuicio para el resto. Es decir una ley, que cumplirla nos resulta cara.

Además, el conjunto de los ciudadanos nos encontramos con un serio problema, si utilizando nuestro sentido común nos oponemos a lo que vemos claramente como injusto, los políticos y organizaciones afines, utilizando dineros públicos, nos denuncian y machacan judicialmente hasta llevarnos a desistir de nuestra actitud. Solo el buen criterio de algunos jueces con principios, permite aún vislumbrar un rayo de luz a lo lejos.

En los últimos meses, podemos ver varios ejemplos de lo que esta sucediendo en esta nuestra sociedad española. El estatuto de autonomía de Cataluña es un triste ejemplo, pero no el único, estas semanas pasadas saltaba a los medios de comunicación el caso de Natalia Santacreu, una niña a la que aplicándole las leyes que el PP ha promulgado, sus profesores le pretendían suspender por no escribir en catalán (¡¡¡ EN VALÉNCIA!!!). Gracias a airear el asunto, parece que conseguirá recuperar las notas correspondientes a sus conocimientos. Las declaraciones de la vice-consejera de Camps son esclarecedoras, se están “aprovechando los sectores más radicales”. Si, ¿pero que leyes están utilizando estos sectores? Las leyes que el señor ‘valencianista’ Camps ha puesto en marcha y que están machacando a los ciudadanos. Cumplirlas será lo más barato a corto plazo, pero no lo más justo y beneficioso para nuestro futuro. Otro caso reciente. Un señor condenado por terrorismo viene a presentar un libro invitado por una organización X, pero además, se dedica a insultar a los naturales de la tierra con propuestas que van contra su cultura, principios y forma de ser, lo que en cualquier país democrático sería un escándalo, aquí parece ser un derecho. Cuando indignados algunos ciudadanos se acercan a protestar (algo que tendría que ser posible en un estado democrático), los organizadores se dedican a demandar a diestro y siniestro, aprovechándose, de que su estructura se encuentra debidamente financiada con subvenciones que salen de los impuestos de los mismos ciudadanos demandados. Gracias a Dios, aun quedan jueces con dos dedos de frente y tenemos que celebrar varias sentencias a favor de la libertad, y contra los que invitan a terroristas condenados, a dar charlitas. ¿Quién pagará todas esas demandas? ¿Quien aprovechará el dinero digamos publico, para perseguir y coaccionar a los ciudadanos? Las leyes que permiten conseguir subvenciones a determinadas organizaciones, que se dedican a organizar charlas en distintos ámbitos, con condenados por pertenecer al entorno de ETA o con terroristas de ideología catalanista, nos salen muy caras.

Finalmente, tendremos que replantearnos el consejo de nuestro amigo, tal vez la ley sea lo más barato a corto plazo, pero a largo, las consecuencias y perjuicios de algunas leyes pueden ser demoledores.

¿Seremos los valencianos lo suficientemente inteligentes como para cambiar las leyes perjudiciales para nuestros intereses a largo plazo, y quitar del Palacio de los Borja de Valencia a los políticos que las han ideado? ¿Seremos capaces los valencianos de utilizar la cabeza y votar a un partido valenciano que defienda los intereses de los valencianos? La respuesta en el 2011. Esperemos encontrar la ‘solució’.