Internet se ha convertido en una herramienta de primera magnitud para dejar en evidencia a nuestros políticos, y no sólo comparando las promesas electorales con lo cumplido, es tan fácil como obtener una copia del código deontológico aprobado por el Partido Popular bajo el liderazgo de José María Aznar, que dice lo siguiente: “ Para garantizar la exigencia de responsabilidades políticas que pudieran corresponder a cualquier cargo público del Partido Popular éstos se comprometen a:

.- Comunicar a la Dirección del Partido Popular y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

.- Asimismo, el Partido Popular asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina.

.- Constituirá motivo de expulsión inmediata del Partido, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del Partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros.”

Está claro que en lo referente a “si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito” se desprende que el auto del juez Garzón supone mucho más que un “indicio racional” y los aforados imputados deberían presentar inmediatamente su baja de militancia en el Partido Popular hasta la resolución judicial del caso.

Pero claro, la dirección del PP se excusa en que los aforados imputados, no deben dimitir del cargo. De lo contrario el caso volvería a Garzón. Pero sí pueden solicitar la suspensión de militancia, cosa que no han hecho y que sólo se le ha obligado a Víctor Campos.Desde Rajoy a Cospedal pasando por Sáenz de Santa María, González Pons, Mato, Arenas, Mayor Oreja, Trillo, Fraga y demás dirigentes nacionales, regionales, provinciales y locales se ha apresurado en defender la inocencia de Camps pero se han olvidado de Campos y el ex vicepresidente del Consell deberá abandonar su cargo como vocal en la ejecutiva provincial del Partido Popular de Castellón.

Y es que dentro del PP no todos son iguales, así se crea un precedente de desigualdad con otros dirigentes del PP ya imputados judicialmente y a quienes ni se les ha solicitado dimisión alguna ni cese de militancia, como Carlos Fabra.

Pero claro, en el PP del dicho al hecho hay un gran trecho como sabe perfectamente el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y es que el tan mentado código de conducta del PP indica que “los candidatos a cualquier puesto representativo en las listas del Partido Popular estarán obligados a realizar previa declaración notarial de sus bienes y actividades”. ¿Cuántos líderes del PP han cumplido esto? Se cuentan con los dedos de una mano.