El
gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
ya ha cumplido un año de gobierno de su segunda victoria
electoral y previsiblemente no será la última
ante la torpeza, falta de liderazgo y de principios del Partido
Popular de Mariano Rajoy.
Todos los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias de
la inacción gubernamental en plena crisis económica
ante una errática política económica del
tándem Zapatero-Solbes basada en un controvertido plan
de inversión municipal que ha dejado al gobierno sin
ningún margen de maniobra tras dilapidar el superávit
de los años de bonanza.
Una situación económica que está afectando
especialmente a la Comunidad Valenciana debido a la falta de
un partido propio que verdaderamente vele en Madrid por los
intereses de los valencianos. Por muchas fotos que se haga Francisco
Camps en la Moncloa, lo cierto es que no ha habido ningún
avance en financiación autonómica. Camps no ha
conseguido que se reconozca el millón de habitantes valencianos
que siguen sin ser admitidos a la hora de ejecutar las transferencias
estatales. Y todavía peor, las inversiones que crecen
en el resto de España, descienden en Valencia en 16 millones
de euros.
Pese a los anuncios publicitarios constantes del Consell en
los informativos de Canal 9 sobre los miles de millones gastados
en inversión, el paro ha aumentado de forma dramática
a una media de 200.000 personas al año. Y la Comunidad
Valenciana será de las últimas en recuperar el
empleo perdido.
Gracias a la torpe actuación de Camps en Madrid el derecho
civil foral mantenido en la ley de Régimen Económico
Matrimonial sigue bloqueado en los tribunales, la financiación
para políticas de inmigración se ha reducido en
un 30% y se han centrado en pagar los subsidios por desempleo
a la par que aumentan los inmigrantes ilegales llegados a Canarias
en patera y trasladados a Valencia en vuelo charter.
El PP valenciano no denuncia la financiación del idioma
catalán en la Comunidad Valenciana a través de
los Presupuestos Generales del Estado con las millonarias subvenciones
al entramado de ACPV, sólo se ha preocupado en exigir
la legalización de TV3 reclamando para ello un «multiplex»
adicional a Industria.
Un PP valenciano
que no es sino una pieza más de un partido nacional que
atiende a sus intereses globales y por eso estamos sufriendo
una caótica política hídrica, con unas
carencias que afloran con cada periodo de sequía. El
PP central y el PSOE han empezado a sentar los cimientos para
poner fin al Tajo-Segura. Eso sí, Camps intentará
lavar su imagen acudiendo a la manifestación de Murcia
contra el fin del trasvase ¿Llevará un traje de
Milano?