Al mismo tiempo que nos hacíamos eco de que la crisis "casi insoportable" para Zapatero iba a constituirse como una gran frustración para los inmigrantes que acudían a nuestras tierras en busca de trabajo, salud y pan. Muchos medios de comunicación recogían la noticia de los altos índices de criminalidad a los que se está llegando, producto de una política verdaderamente insoportable y en la que el Estado no puede garantizar la seguridad ciudadana de los españoles.

El censo penitenciario no sólo se multiplica sino que se diversifica. Se multiplica en sus cifras absolutas y se incrementa exponencialmente la población reclusa extranjera. Los últimos estudios oficiales señalan que hay 24.088 presos de otros países, 16.188 más que en 2000. Los extranjeros encarcelados, el 90% varones, representan el 34,8% de los 69.156 reclusos. Cuenta este informe oficial que las razones de éste fuerte incremento obedecen, según los expertos, a razones económicas y culturales. Las penurias materiales por las que atraviesan muchos inmigrantes les conducen a la delincuencia. Se da la circunstancia de que buena parte de estas personas no tenían antecedentes penales. Asimismo, en España hay 5.995.962 extranjeros, lo que supone el 13% de los habitantes del país. Dentro de las prisiones, esta proporción se multiplica por tres hasta alcanzar el 34%.

Concluye este informe que ha sido muy relevante el crecimiento de la colonia presa procedente de Rumanía. En 2000, había un número testimonial de reclusos de esta nacionalidad, 33, pero ahora hay 1.745 internos. La colonia rumana en prisión se ha multiplicado 52 veces, hasta convertirse en el tercer colectivo extranjero con más presos, el 8,6% del total de inmigrantes entre rejas.

Ante esto no caben ni medias tintas ni complejos. Tampoco políticas de escaparate como el hacer firmar a un extranjero un documento por el que se compromete a cumplir la ley y respetar nuestras costumbres. Esto es pura demagogia, si no tomadura de pelo.

Lo que tiene que hacer nuestra clase política es regular la inmigración que queremos los españoles. Aquella que tenga opciones reales de su inserción social y laboral y que no constituya un peligro ni para nuestra seguridad ciudadana ni para nuestra seguridad social, ni suponga una frustración personal y familiar del inmigrante. Queremos una inmigración que trabaje y se integre en nuestra sociedad y para ello hay que acometer una politica selectiva de la inmigración que priorice la entrada de trabajadores con las máxima identidad cultural con el país de acogida con el fín de evitar brotes de razismo recíproco o guetos religiosos o sociales.

Priorizar la inmigración sudamericana es, además de una garantía de convivencia cultural y religiosa, un acto de hermandad y justicia histórica.