Baltasar
Bueno / Quedó
patético y descarado Joan Ignasi Pla, ex secretario general
del PSPV-PSOE y actual diputado autonómico, al afirmar
en Tele 7 que la concesión de licencias de televisión
TDT hechas por el Consell, a través de su brazo ejecutor
Esteban González Pons, se había hecho de acuerdo
a ley, sin reproche alguno. Lo dijo en un debate nocturno moderado
por Vicente Climent.
Patético, porque tanto Pla y su partido, como muchos
que han seguido de cerca la historia de las televisiones locales
en la Comunidad Valenciana saben que, al menos, inmoralidad,
desvergonzada inmoralidad, y partidismo hubo en el trapicheo
de las televisiones, sin que la oposición se hubiera
molestado en hacerle frente al miura.
Que la concesión fue, además, una ilegalidad puede
que lo sepamos cuando la Justicia – Sección 3ª
de lo Contencioso Administrativo TSJ Valencia- resuelva el contencioso
–Sus Señorías llevan 4 años deshojando
la margarita- planteado por la Federación Valenciana
de Televisión y empresas participantes en el concurso.
Es de desear que después de tanto tiempo atinen de acuerdo
a Derecho y deforma independiente, sin escuchar fantasiosos
cantos de sirenas.
Lo dramático de Pla, en la noche que Tele 7 lo sacó,
después de mucho tiempo, en antena, es que lo afirmó
el mismo día en que, tímidamente, su compañero
de partido y sucesor en la portavocía parlamentaria,
Angel Luna, se atrevió, a insinuar que en las concesiones
de TDT a José Luís Ulibarri había un proceder
en cuanto menos sospechoso, problema que Camps, dijo, tiene
como pesada carga sobre sus espaldas.
Yo fui director de una televisión local, - la popular
Canal 13 RTV, hoy Televisión Municipal de Valencia, cuyo
80 por ciento, me dicen, es de José Luís Ulibarri-
la monté comenzando desde cero con albañiles y
técnicos, y la llevé durante tres años,
a las órdenes de un prestigioso empresario valenciano
y enamorado de los medios de comunicación, Rosendo Galindo.
En aquella época conocí de cerca a otros propietarios,
empresarios románticos e idealistas de la comunicación,
que se dejaron a jirones la piel, la fortuna y las ilusiones
en sus respectivos medios, empeñosos en hacer unas verdaderas
televisiones de proximidad, al servicio del pueblo y de los
pueblos. Todos funcionaban alegalmente, amparados en la ausencia
de ley que les regulara y esperaban la Ley que les permitiera
legalizar tantos años de ilusión, trabajo y ejercicio
real de la comunicación. Además, todos ellos eran
valencianos, de esta autonomía, y ejercían de
valencianos.
Fui testigo de cómo, de repente, meses antes de que el
Consell concediera las licencias, aterrizaron por la Comunidad
Valenciana nombres y apellidos, procedentes de de otra autonomía,
Castilla-León, y comenzaron sorprendentemente a sondear,
negociar, advertir, prometer, comprar y a adueñarse de
unas empresitas nacidas más por idealismo que por el
ánimo de lucro. Como había promesas y seguridades
de que si ellos estaban por en medio habría licencia
y todos desesperadamente querían licencias para legalizar
lo que tenían como alegal, no se reconocían ilegales,
fueron tragando y aceptando las condiciones.
Estas cosas que les cuento son de sobras sabidas por el principal
partido de la oposición, que sigue sin desperezarse,
en este asunto, como en muchos otros, cuando no niegan la evidencia
como hizo Pla en Tele 7, como si temieran al PP, como si no
quisieran complicarse la vida, o no pudiesen abrir la boca por
cualquier otro motivo.
La oposición que está para batirse el cobre con
la posición, dejó solos a los afectados ante el
problema. Por ello, hay que aplaudir la valentía que
ha tenido el presidente de la Federación Valenciana de
Televisión, Alejandro Rodríguez, y las empresas
asociadas, al plantear recurso ante la Audiencia contra lo que
entienden fue una arbitrariedad e ilegalidad del Consell de
Camps, y también por haber hecho público a través
de la potente plataforma de Levante-EMV, que uno de los implicados
en la trama que hoy investiga Garzón, José Luís
Ulibarri, dijo en aquellos aciagos tiempos para aquellas empresitas
y el futuro de la libertad de información y expresión,
que el Consell iba a darle 13 licencias de TDT y que “quien
no le vendiera a él la emisora de televisión se
iba a aquedar sin concesión y se iba a comer los equipos
con patatas”.
Dicho y hecho. Bastante de eso parece que ha debido ocurrir.
Los que vendieron participaciones y acciones de sus empresas
a los nuevos socios hoy se han quedado en la calle o en una
posición minúscula, ridícula, dentro de
las nuevas sociedades nacidas de la fusión o refundición,
y en las que predominan nombres y apellidos, o testaferros suyos,
cuya pista sigue Garzón desde hace dos años por
un conglomerado de asuntos variopintos perfectamente trabados
entre sí y con elementos del PP.
Garzón lo tiene fácil, si es que le da por instruir
bien el sumario en esta ocasión, o el PP no logra sustraer
la investigación, para que caiga en manos y jurisdicciones
que agraden más al partido.
Es de suponer que Garzón, tras las declaraciones de Alejandro
Rodríguez, tendrá que llamar a Esteban González
Pons, para que le explique ese amontonamiento de TDT en manos
de un señor de Valladolid; llamará a presencia
a Rodríguez para que se explique con detalle lo que sabe
de Ulibarri y las TDT; solicitará información
sobre lo actuado en el TSJ en torno al recurso de la Federación;
preguntará a los antiguos propietarios de las televisiones
qué ocurrió en aquellas negociaciones; y querrá
averiguar si algún partido pretendía crear una
malla de televisiones locales para que en el caso de perder
las elecciones, y con ello Canal 9, contra con una tupida red
de televisiones locales repartidas por la geografía valenciana
entregadísima a sus pies; así como que estará
interesado en saber de dónde han salido los dineros para
tantas televisiones.
Esperanza Aguirre cesó fulminantemente a un consejero
que guardaba cierta relación con los nominados a los
últimos Oscars de Garzón. Camps, tan amigo de
Esperanza, en este caso no ha emulado a su colega. Se ha enrocado,
como ya lo hizo con el accidente del Metro que dejó 43
muertos. Dice Camps que las concesiones fueron “limpias
e inmaculadas” y se hace el ofendido porque en los medios
de comunicación de toda España se dice que se
está poniendo en duda su honorabilidad y la del Partido.
La honorabilidad y la dignidad, señor Presidente, hubiera
sido no tratar con mercaderes, algunos ya encarcelados o imputados.
Unos señores con los que ustedes tenían tanta
confianza y relación que hasta iban a sus bodas y bautizos.
Que se sepa, el común de los mortales solo va a las bodas
y bautizos de los familiares o muy íntimos, de muchísima
relación y confianza.