Vicente Boluda Crespo/ Fruto de la unión de todos los españoles, independientemente de su ideología política o de su pertenencia a una u otra parte del territorio nacional, fue la Constitución Española de 1978. La Carta Magna recoge en su Preámbulo los motivos por los que los representantes de todos los españoles dejaron atrás sus diferencias y aunaron sus voluntades para la aprobación del texto constitucional. Entre esos motivos, se encuentra el fundamental de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes.

Para garantizar la finalidad perseguida por los españoles, la Constitución crea y organiza el Tribunal Constitucional, que tiene entre sus principales funciones resolver los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que se interponen contra una Ley, por si ésta es contraria a las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna.

Si tenemos en cuenta lo anterior, es fácil comprender porqué el Tribunal Constitucional está a las puertas de dictar una Sentencia sobre la constitucionalidad (o inconstitucionalidad) del estatuto catalán, pues éste fue objeto de recurso por parte de varios gobiernos autonómicos, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo. Y lo fue porque en su preámbulo y su articulado existen normas contrarias a la Constitución. Un ejemplo de ello es la denominación de Cataluña como nación, o los artículos que se refieren a la creación de una Agencia Tributaria propia. Hay muchos más.

Por tanto, el Alto Tribunal deberá dictar una sentencia que “fulmine” del texto catalán todas aquellas disposiciones (y son muchas) que no tengan cabida dentro del marco constitucional. Pero, ya lo verán, ello no será así. ¿Por qué? Se preguntaran muchos españoles cuando llegue la fatídica resolución. Y la respuesta es muy sencilla si tenemos en cuenta cómo acceden a sus poltronas los magistrados del citado tribunal.

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros. De ellos, cuatro se eligen a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Estos dos últimos, se reparten entre las dos grandes asociaciones de jueces (una vinculada al PP y otra al PSOE). En consecuencia, podemos afirmar sin rodeos que el Tribunal Constitucional está en su mayoría compuesto no por jueces independientes, elegidos mediante sufragio por los propios miembros de la carrera judicial, sino por personas afines al gobierno de turno, en este caso, el PSOE.

Si tenemos en cuenta lo anterior, parece claro que, de producirse una sentencia que haga modificar el estatuto catalán, ésta será muy a la baja, pues la intención de “perpetuación en el poder” por parte de los socialistas predomina sobre la de intentar buscar auténticas formas de cohesión entre los distintos territorios del Estado Español. Los magitrados de turno tan sólo tendrán que poner por escrito lo que sus "amos" les han manifestado verbalmente.

Mucho me temo que, de producirse una alternancia de poder en las próximas elecciones generales, el Partido Popular (único aspirante serio a dicha alternancia) no hará nada por modificar esta situación, ya que querrá tener, como ya hizo en el pasado, y como hace ahora el PSOE, al garante de los derechos y de las libertades fundamentales (es decir, el Tribunal Constitucional) bien atado en corto para decirle qué, cuándo, y cómo tiene que dictar las resoluciones.
La solución pasa por tener de verdad un Tribunal Constitucional independiente y libre de las influencias partidistas del gobierno de turno. Para ello sería necesario reformar la Constitución y dejar a los propios miembros de la carrera judicial que eligieran, de entre sus más distinguidos componentes, a los magistrados de nuestro Alto Tribunal. Sin embargo, esta solución, ya se lo garantizo yo, nunca se llevará a cabo.