2 de Diciembre de 2005
 

Sentandreu: la Generalidad Valenciana hace una flagrante dejación de funciones en la exigencia de la legislación social básica.

Con motivo de la realización hoy en Valencia de unas jornadas sobre “empresa solidaria” organizadas por la Generalidad Valenciana y la Cámara de Comercio, el Presidente de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, ha acusado tanto a la Generalidad Valenciana como a la organización empresarial de una grave dejación de funciones e incumplimiento de las obligaciones sociales en la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

García Sentandreu calificó las jornadas de ser un fraude para el empleo para la discapacidad que no pretenden otra cosa que crear una realidad absolutamente virtual y por ello falsa de cómo verdaderamente están las cosas en lo que a empleo de personas con discapacidad en la empresa privada o en la administración se refiere.

García Sentandreu calificó las jornadas de “empresa solidaria” como una auténtica inmoralidad a sabiendas de que la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en la administración que es del 5% solo se cumple sólo un 0´3 % y en la empresa ordinaria, siendo de un 2%, la incumplen el 98 % de la empresas ordinarias valencianas.

Para Sentandreu tanto la Inspección de Trabajo, como el Servef, la Consellería de Empleo, la Consellería de Bisenestar Social y toda la Generalidad están incurriendo en una flagrante dejación de funciones haciendo que el empleo de personas con discapacidad, especialmente psiquica, quede en manos de las familias afectadas.

La jurnada “empresa solidaria” es un escaparate falso de una administración que sigue dando la espalda a la integración social y laboral de la discapacidad pero es capaz de organizar jornadas con presupuestos millonarios, simplemente para colgase junto con los empresarios infractores, la etiqueta de “solidarios” cuando lo que verdaderamente se merecen es un acta de la inspeción de trabajo por sus incumplimientos de la legislación social que llevan quebrantando desde que en 1982 se promulgara la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y a la que nadie hace caso.