El diputado y portavoz del Grupo Mixto, Francisco Javier Tomás, ha asegurado que la Ley Urbanística Valenciana demuestra el desinterés que tienen los dos grandes partidos de la Comunidad Valenciana en resolver la alarmante situación que se está produciendo con el suelo y urbanismo valenciano.

Javier Tomás responsabilizó al Partido Popular y al Partido Socialista de haber aprobado y aplicado durante años una Ley Reguladora de la Actividad Urbanística abusiva y que vulneraba las directrices europeas, una ley que como recordó el diputado fue tildada por el Partido Popular en su momento como confiscatoria y leonina hacia los ciudadanos y los propietarios.

A este respecto, el portavoz del Grupo Mixto afirmó que en los últimos tres años, y conforme indica el informe Fourtou del Parlamento Europeo, el gobierno valenciano con la mayoría absoluta del partido popular ha conseguido batir todos los records en la Unión Europea, acumulando más de 15.000 denuncias en los últimos tres años por excesos urbanísticos y destrucción del medio ambiente.

Por su parte, el Presidente de Coalicio Valenciana indicó que “si la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística permitía los abusos por parte de los agentes interesados en el proceso de urbanización y en la gestión realizada por los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana, la Ley Urbanística Valenciana aprobada hoy en las Cortes es más de lo mismo”.

Sentandreu aseguró que la política de suelo y urbanística del gobierno valenciano, tras la aprobación de esta Ley, tendrá una respuesta judicial y fiscalizadora por parte de las instituciones europeas.

El líder valencianista indicó que con esta Ley no se cumple ninguna de las recomendaciones que desde la Unión Europea se han dado: no se respetan los derechos de los propietarios; no se han revisado las bases de selección de los agentes urbanizadores; no se respetan las directivas comunitarias sobre adjudicación de contratos públicos; no se han fijado unos adecuados criterios para el cálculo de las expropiaciones; existe una latente ambigüedad en toda la Ley, que lo único que busca es la opacidad en la gestión pública y mantener una situación de corrupción generalizada en el suelo valenciano.

Así, Sentandreu instó al Conseller Blasco para que en este debate no recurriera al discurso fácil del victimismo, que tanto emplea el nacionalismo vasco y catalán, ya que las acusaciones de corrupción, prácticas abusivas o despilfarro se hacen contra la gestión del gobierno y sus responsables políticos, y no contra la Comunidad Valenciana o sus intereses.

Para el Presidente de Coalicio Valenciana concluyó asegurando que estamos ante una Ley que sigue favoreciendo a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría, una Ley que sigue enriqueciendo a las grandes constructoras afines al poder y a ciertos ayuntamientos proclives a estas prácticas, es decir, estamos ante una Ley que da más a los que más tienen, y deja en la indefensión a los propietarios, ciudadanos y particulares.