El presidente de Coalicio Valenciana ha
responsabilizado al gobierno de Camps de ingenuidad y haberse
dejado seducir por la posibilidad de ser los primeros en
aprobar una reforma estatutaria, sin percatarse de los graves
peligros que se introducían con una reforma estatutaria
torticera, sin respaldo social y exenta de un proyecto político
que recogiera la tradición política como Reino
que tiene la Comunidad Valenciana.
Para Sentandreu, la “Cláusula Camps”
fue una entelequia que demuestra la incompetencia de un
Partido Popular y un Partido Socialista valencianos incapaces
de plantear una propuesta política territorial propia
y definida, del que resulta un Estatuto inconcreto y al
compás de las futuras reformas que introduzcan vascos
o catalanes.
Para el líder valencianista, el presidente Camps
no puede sorprenderse de que un futuro tripartito catalanista
creado entre PSPV-IU-Bloc pretenda pedir la autodeterminación,
la inclusión en los países catalanes o la
creación de una república bananera, ya que
la “Cláusula Camps” deja esta posibilidad
en manos de los futuros gobiernos entrantes.
Así, Coalicio Valenciana aseguró que la “Cláusula
Camps” abre las puertas a posibles ampliaciones al
compás de las exigencias del nacionalismo exacerbado
de vascos y catalanes, convirtiendo la Comunidad Valenciana
en “clave de ingobernabilidad” gracias a la
“Cláusula Camps” y a la incompetencia
de un PP valenciano más interesado en la foto y el
canapé que en hacer política efectiva.
Sentandreu acusó al presidente Camps que querer extraerse
de la gravísima responsabilidad que tiene al haber
pactado una reforma de Estatuto que da entrada a las futuras
propuestas que pueda plantear el catalanismo más
reaccionario representado por IU-Bloc.
El presidente de CV recordó que en su momento pidieron
formalmente en Las Cortes que se aparcara la “Cláusula
Camps” y la oficialización de la catalanista
AVL, y se apostara por reivindicar las máximas cuotas
competenciales dentro del estricto respeto al Estado de
Derecho y la Constitución mediante la actualización
de nuestro régimen foral en el nuevo marco constitucional
establecido en 1978, superando el Estatuto de 1982.