21 de febrero de 2006
 

Coalicio Valenciana considera absurdo que se intente delegar en empresas privadas la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad ciudadana

La formación liderada por Juan García Sentandreu calificó como despropósito que se acuda a empresas privadas para garantizar la seguridad ciudadana, ya que esta es una obligación que le corresponde afrontar al Estado y debe hacerlo con la policía local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Coalicio Valenciana indicó que la seguridad privada desarrolla un papel básico en algunos sectores económicos, pero no está capacitada ni tiene la preparación adecuada para suplir las funciones que por ley le corresponde a la policía local, policía nacional y guardia civil.

Para Sentandreu el gobierno de Zapatero y sus políticas en materia de inmigración y medidas penitenciarias es el único responsable de la creciente inseguridad que se está viviendo en España, y lo que es necesario es que se dote con mayores recursos económicos y humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, facilitándoles también los mecanismos legales y penales para que su trabajo sea más efectivo.

En este sentido, las funciones básicas para repeler la creciente inseguridad ciudadana, robos y bandalismo callejero que se produce en nuestras ciudades no puede privatizarse, ya que en definitiva las limitaciones legales y necesarias que se les impone a la seguridad privada impedirían que su ejercicio fuera útil y acorde con las necesidades del ciudadano.

El líder valencianista recordó al gobierno valenciano su responsabilidad en esta materia y le instó a que solicitara a la Delegación de Gobierno más inversión en seguridad para la Comunidad Valenciana, así como que pusiera en marcha definitivamente una policía foral valenciana, compatible con la actual estructura de la policía nacional y guardia civil con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los valencianos.

Para Coalicio Valenciana las corporaciones locales deben buscar los recursos necesarios para ampliar las plantillas de policía local y exigir al gobierno central mayor dotación presupuestaria para aumentar los recursos humanos y materiales con los que cuenta la policía nacional y la guardia civil, pero eso sí, no cayendo en medidas contraproducentes.