Tras las declaraciones realizadas por los responsables de las dos grandes organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana, AVA y Unió, la formación política liderada por Juan García Sentandreu ha querido unirse a sus reivindicaciones asegurando que Coalicio Valenciana apoya todas las demandas del sector, y considera indispensable que tanto el gobierno central como el autonómico tomen buena nota de la situación absolutamente desalentadora que sufre el campo valenciano.

Para Coalicio Valenciana es imprescindible que nuestra política del talante de ZP cambie a nivel internacional, con el fin de que la Unión Europea deja de mercadear con la producción agraria española a cambio de abrir nuevos mercados de terceros países con los que comercializar la industria pesada de Alemania, Inglaterra o Francia.

En este sentido, Coalicio Valenciana recoge entre sus propuestas para mejorar la situación del campo valenciano la fijación de una serie de barreras aduaneras a la llegada de productos por terceros países, con el fin de proteger de forma efectiva la agricultura autóctona en detrimento de unos productos de menor calidad, que en muchas ocasiones incumplen las medidas sanitarias que se imponen a los agricultores españoles y que en definitiva están acabando con el mercado interior.

El presidente de CV indicó que “el control sanitario y el coste de producción de los productos valencianos no es el mismo que el de terceros países en vías de desarrollo, y por lo tanto, no establecer mecanismos de protección de lo autóctono sitúa a nuestros agricultores en una situación de absoluta desventaja y desamparo”.

Además de esta cuestión, Coalicio Valenciana propone establecer de forma obligatoria la creación de un contrato marco que regule el mercado de la comercialización de productos agrarios, con el fin de controlar los precios e impedir subidas abusivas por los intermediarios, y  que finalmente no repercuten en la economía del agricultor.

En este sentido, el presidente de Coalicio Valenciana indicó que el gobierno valenciano y la Consellería de Agricultura han hecho oídos sordos a este contrato, un elemento que favorecería al agricultor y al consumidor, evitando el aumento descontrolado de precios y el enriquecimiento de unos pocos frente a los verdaderos productores.