Coalicio Valenciana advierte al Partido Popular de la Comunidad Valenciana que tomará todas las medidas legales oportunas para que se respete la Constitución española y los derechos de los valencianos a elegir en libertad a sus representantes políticos en las próximas elecciones.

La formación liderada por Juan García Sentandreu ha señalado que con la reforma de la Ley Electoral de la Comunidad Valenciana, los dos grandes partidos nacionales están demostrando su nulo interés en permitir la pluralidad en el parlamento valenciano.

El líder valencianista acusó al presidente Camps de actuar en este tema como un verdadero cacique que intenta impedir que la Comunidad Valenciana avance hacia un verdadero parlamentarismo democrático, queriendo mantener la barrera electoral más alta de las existentes en toda España.

Así mismo, Sentandreu acusó al PSPV de estar jugando al desgaste del PP valenciano, sin ninguna otra finalidad que la de conseguir un rédito político en las próximas elecciones, ya que si verdaderamente hubiera tenido un interés en bajar la barrera electoral al 3%, lo hubiera tenido que haber defendido con más firmeza en la negociación de la reforma estatutaria, cuando el Sr. Pla hizo el mayor de los ridículos en este tema.

Al final, como denunció Coalicio Valenciana, la reforma del Estatuto valenciano estaba totalmente viciada y se realizó sobre una base de mínimos con el objetivo de que Camps y Zapatero pudieran hacerse una foto de consenso.

Para Coalicio Valenciana, la solución a este problema debe pasar necesariamente por la reducción de la barrera de acceso a las Cortes Valencianas al 3%, o en todo caso, por aplicar la Ley General Electoral, ya que el articulado del propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana invalida parcialmente la Ley Electoral de la Comunidad Valenciana y es imprescindible su modificación con mayoría de 2/3 para que pueda seguir aplicándose, ya que en caso contrario y de no existir acuerdo entre PP y PSPV, deberíamos de acudir necesariamente a la Ley General Electoral.

Pretender utilizar un decreto del presidente Camps para ajustar a derecho ciertos aspectos legislativos que han quedado obsoletos con la nueva redacción del Estatuto, supondría un fraude de ley y una irregularidad de tal calado que podría provocar la suspensión cautelar del proceso electoral autonómico en la Comunidad Valenciana.