Sentandreu ha calificado de sensata y acorde con la delicada situación jurídica que atraviese actualmente el Reglamento de pensiones de los diputados, la suspensión en el pago de los finiquitos acordada por la presidenta de las Cortes Valencianas.

Como recordaremos, Coalicio Valenciana interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJ contra el citado Reglamento, por considerarlo contrario a derecho y que establecía una grave discriminación de los diputados con respecto al resto de los valencianos, ya que éste da derecho a los ex diputados, cuando se jubilen, a una pensión de las Corts que complemente su paga, de forma que se les garantice el 80% de la pensión máxima con entre 7 y 9 años de mandato; el 90%, entre 9-11 años; y el 100%, más de 11. El resto de trabajadores necesita 15 años para tener pensión, y para lograr la máxima, 35 años de cotización.

Además, y que es lo que ha sido suspendido con buen criterio por la presidenta de las Cortes, a los diputados que han finalizado su mandato en la pasada legislatura el Reglamento establecía una indemnización a modo de “finiquito”, algo que entra en grave contradicción con los derechos laborales del resto de los españoles y que no tiene refrendo legislativo alguno.

Sentandreu lamentó que el TSJ desdijera la medida cautelar acordada de suspensión en la aplicación del Reglamento impugnado, y que haya tenido que ser la propia parte recurrida la que tomara esta decisión, quizás movida por la más que probable Sentencia favorable que tendrá Coalicio Valenciana en este asunto y que obligará a la retirada del Reglamento.

El líder valencianista aseguró que confía en ganar este recurso en primera instancia ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, pero que en cualquier caso, agotará todas las instancias nacionales e incluso comunitarias para revocar un Reglamento que fija una casta de políticos al margen de las leyes que regulan laboral y socialmente al resto de los ciudadanos, y por ello, anticipó que a diferencia de los 2 o 3 años anunciados por la presidenta de las Cortes para que se resuelva este recurso, Sentandreu indicó que está dispuesto a pleitear si es necesario 10 años para revocar una situación discriminatoria e ilegal.

Por último, quiso indicar que espera con impaciencia que el TSJ le dé traslado de los informes y el expediente administrativo que debe remitir las Cortes valencianas al respecto del Reglamento y su tramitación, y que a buen seguro son los que también han influido en la decisión de la presidenta.