La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo 5590/2006 promovido por el grupo parlamentario mixto de las Cortes Valencianas por mobbing parlamentario contra la Resolución número 5/VI de las Cortes Valencianas, el grupo parlamentario popular y el presidente Julio de España.

De conformidad con la resolución de fecha nueve de enero de 2007, hecha pública por el Tribunal Constitucional el presente día 12 de enero, se acuerda “conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada por el diputado autonómico Francisco Javier Tomás Puchol”, además, se emplaza a las Cortes Valencianas a fin de que en el plazo máximo de diez días remitan certificación del expediente administrativo y comparezcan ante dicha Sala.

Desde la formación política liderada por Juan García Sentandreu se ha señalado su satisfacción por la admisión a trámite de este Recurso de Amparo contra las actuaciones irregulares que el presidente de las Cortes Valencianas y el grupo parlamentario popular están llevando a cabo contra el Grupo Mixto y la persona del diputado Francisco Javier Tomás Puchol.

Como se recordará, desde que el diputado autonómico abandonara el PP valenciano ante los gravísimos casos de corrupción que están salpicando a este partido y su cesión al catalanismo, la mayoría absoluta parlamentaria del PP ha ejercido una persecución absolutamente vergonzante que le ha desprovisto de los recursos económicos, materiales y parlamentarios para poder ejercer sus funciones, algo que ha tenido que ser suplido por los medios de que dispone Coalicio Valenciana.

El presidente de Coalicio Valenciana, Juan García Sentandeu, ha manifestado que las “artimañas” del PP valenciano para impedir el correcto cumplimiento de la función parlamentario del diputado Francisco Javier Tomás Puchol, así como del Grupo Mixto, suponen una grave vulneración del artículo 23 y siguientes de la Constitución Española donde se reconocen no sólo unos derechos de libertad que garanticen una esfera de autonomía del individuo frente al Estado, sino también el derecho a participar en la formación de la voluntad popular. De esta forma, Sentandreu recalcó que la vulneración del derecho reconocido a permanecer en el cargo y a ejercerlo sin perturbaciones ilegítimas afecta también directamente al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, y por lo tanto, según señaló el líder valencianista, el presidente de las Cortes y el grupo parlamentario popular no sólo han atacado el ejercicio profesional del grupo mixto, sino la voluntad soberana de los valencianos.

Como se puede observar del informe acompañado del Ministerio Fiscal, el grupo popular ha impedido que iniciativas parlamentarios como; solidarizarse con las víctimas de ETA, reclamar a Cataluña la documentación relativa al Reino de Valencia sobre la Corona de Aragón o la defensa del idioma valenciano fueran rechazadas sin fundamentación. Por este motivo, el presidente de Coalicio Valenciana indicó que a parte del interés de boicotear la labor del Grupo Mixto, el Partido Popular ha intentado en todo momento que frente a la ciudadanía no se cuestionara sus gravísimas cesiones al catalanismo y se le pusiera en jaque por la creación de la catalanista Academia Valenciana de la Lengua y otras propuestas parlamentarias presentadas por Coalicio Valenciana y encaminadas a defender los intereses culturales, económicos y sociales de todos los valencianos.