Coalicio Valenciana ha querido resaltar que el contenido del estudio realizado por Aseval, aseguradora del grupo Bancaja, sobre el coste económico que supondrá para las Cortes Valencianas la puesta en marcha del Reglamento de pensiones parlamentarias, da razón de ser al recurso que la formación valencianista interpuso ante el TSJ de la Comunidad Valenciana por vulneración de derechos fundamentales.

Desde esta formación se indicó que los 28 millones de euros que supondrán para las Cortes la puesta en marcha de las pensiones de los diputados es un escándalo sin precedentes en la democracia española, y supone la creación y consolidación de una casta de profesionales de la política, que lejos de acudir a ésta para servir, están anidando en los partidos y las instituciones para garantizarse una solvencia económica absolutamente injustificada.

En cualquier caso, el presidente de Coalicio Valenciana y letrado de Javier Tomás en su contencioso contra las Cortes por este asunto, confirmó que habiendo analizado el expediente administrativo y todos los documentos que constan en las actuaciones, todavía se podría tachar de generoso y voluntarista el estudio de Aseval, ya que según Sentandreu, la broma de las pensiones podría costarnos en tan sólo cuatro legislaturas más de 52 millones de euros.

Sentandreu también quiso puntualizar que a nivel jurídico, lo realizado por Aseval no deja de ser un mero estudio de una aseguradora y no suplanta la verdadera responsabilidad legal que tiene las Cortes en este asunto, ya que aprobaron una Ley de contenido económico sin contar con el respaldo del preceptivo informe de viabilidad, y esto fue así, por la propia inconsistencia del citado Reglamento y lo injusto y discriminatorio del mismo.

El líder valencianista quiso también señalar que se ha formalizado ya la demanda contenciosa, tras recibir el expediente administrativo, habiéndose sustentado la misma en la falta de competencia constitucional de las Cortes para legislar en materia de pensiones; quiebra de los cauces autorizantes; incumplimiento de las exigencias de viabilidad económica y de informe previo; así como violación del principio de igualdad de todos los españoles.

Con todos estos argumentos, Sentandreu señaló que resulta vergonzoso que partidos políticos como PSOE o IU sigan defendiendo y apoyando la legalidad y constitucionalidad de ese Reglamento, lo que pone en evidencia el demagógico discurso de la actual izquierda española.