El presidente de Coalicio Valenciana, formación política que tiene recurrido ante el TSJ de la Comunidad Valenciana el Reglamento de pensiones de los diputados, ha formalizado hoy la presentación por registro de entrada de las Cortes Valencianas de un escrito dirigido a los tres grupos parlamentarios con representación en el parlamento valenciano.

En ese escrito, Sentandreu insta a los actuales grupos parlamentarios a personarse en calidad de codemandantes en el recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos constitucionales iniciado por la formación valencianista y el grupo mixto de la anterior legislatura.

El líder valencianista indica en su escrito ante los grupos parlamentarios que el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios vulnera la Constitución Española en su artículo 14, así como el reparto competencial establecido en el artículo 149 de la Constitución Española, la Ley General de la Seguridad Social, el Reglamento de las Cortes Valencianas, la Ley General de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, la legislación autonómica aplicable en la aprobación de este tipo de leyes económicas y demás normativa.

Además, este documento denuncia la inmoralidad que supone este Reglamento y también pide a los grupos parlamentarios que, dentro de sus competencias, acuerden presentar escrito oficial ante la Mesa de las Cortes Valencianas manifestando su parecer contrario al Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios y solicitando formalmente que se eleve propuesta de derogación del mismo ante el pleno de las Cortes Valencianas.

Por último, cabe destacar que igualmente se ha presentado un escrito ante la presidenta de las Cortes Valencianas, María Milagrosa Martínez, poniendo en su conocimiento que tras recibir el Expediente Administrativo la defensa letrada en este contencioso está barajando la posibilidad de interponer querella criminal contra el anterior presidente de las Cortes, D. Julio de España, así como contra todos y cada uno de los miembros que formaban parte de la Mesa y que votaron a favor del referido Reglamento, por cuanto entienden que existe un presunto delito de prevaricación, ya que estamos ante una resolución manifiestamente injusta emitida por cargo público en el desempeño de sus funciones, y además con el agravante, de que existe un informe del Servicio Jurídico de la Cámara negativo y que anunciaba su ilegalidad.