Los diez ciudadanos que promueven esta iniciativa han acudido en la mañana de hoy a las Cortes Valencianas para ratificar ante el Letrado Mayor la iniciativa legislativa popular que bajo el título “Ley de compensación Cheque Bebé” pretende impulsar en la Comunidad Valenciana una propuesta por la que la Generalitat Valenciana asumiría el pago de los 2.500 euros del cheque bebé a todos los nacidos o adoptados en la Comunidad Valenciana entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2007.

Esta iniciativa nace auspiciada por los servicios jurídicos de Coalicio Valenciana, concretamente de Juan García Sentandreu y José Vidagany –presidente y secretario general respectivamente- y pretende dar cobertura legal a los más de 22.000 niños valencianos que nacieron o fueron adoptados durante el primer semestre del pasado año 2007 y que de forma discriminatoria y sin ajustarse a la legalidad fueron excluidos por el “cheque voto” que Zapatero puso en marcha tras el debate del estado de la nación del pasado mes de julio.

A la salida de esta ratificación, Sentandreu señaló que la iniciativa pretende combatir una flagrante ilegalidad que el gobierno socialista de Zapatero realizó con miles de niños valencianos, que de forma injustificada se vieron privados de esta ayuda. En ese sentido, el líder valencianista recordó que España es el país europeo que menos dinero destinada para las familias y la maternidad, y eso a pesar de tener los menores índices de natalidad de todos nuestros vecinos europeos.

El presidente de Coalicio Valenciana indicó que el cheque bebé ha sido la primera iniciativa en beneficio de la maternidad que crea un gobierno en España tras la instauración de la democracia, ni Felipe González ni Aznar hicieron nada al respecto, pero el gran problema ha sido que esta Ley ha nacido con el rechazo de miles de familias españolas que se han visto discriminadas por una norma que ha nacido lastrada por la incompetencia y afán de protagonismo electoral de Zapatero.

El secretario de CV, José Vidagany, señaló que el próximo paso será adoptado por la Mesa de las Cortes, que previsiblemente la próxima semana deberá decidir sobre la admisión a trámite de la iniciativa, abriéndose entonces un plazo legal de 4 meses para que los promotores recojan las 50.000 firmas necesarias.