El presidente de Coalicio Valenciana ha anunciado la formalización ante la Junta Electoral Central de una denuncia contra la Plataforma pel Dret a Decidir y el colectivo Sobirania i Progrés por la campaña de recogida de firmas que pretende realizar en los diferentes colegios electorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares durante el transcurso del día de las votaciones en las elecciones generales de 9 de marzo.

Sentandreu ha indicado que esa iniciativa constituye un delito electoral grave y que corresponde a la Junta Electoral Central orquestar las medidas legales necesarias para impedir que durante el día de las votaciones se perturbe el correcto y democrático desarrollo de las elecciones generales.

De esta forma, Coalicio Valenciana ha señalado que la Ley Electoral General en su artículo 93 y 94 impide taxativamente que en las inmediaciones de los colegios electorales se pueda realizar propaganda política de ningún tipo, así como que puedan formarse grupos susceptibles de entorpecer, dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto, por lo tanto, la iniciativa de estos colectivos independentistas y catalanistas es manifiestamente ilegal y debe de ser impedida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, llegando incluso a detener a las personas que finalmente decidan secundarla al margen de la Ley.

El líder valencianista aseguró que junto con esta medida cautelar adoptada en este momento, el día de las votaciones Coalicio Valenciana pondrá a disposición de todos sus militantes, simpatizantes y ciudadanos en general un cuerpo de abogados para evitar que esta recogida de firmas a favor de los “países catalanes” pueda realizarse en los locales electorales o en sus proximidades, acudiendo si es necesario a los colegios electorales para levantar acta y solicitar la identificación de estas personas con el fin de tomar las medidas legales oportunas, tal y como señala la Ley Electoral.

Sentandreu indicó finalmente que los valencianos estamos hartos de que el catalanismo realice actos contrarios a la Ley con el beneplácito del gobierno de Zapatero, con total impunidad de sus acciones, y ha llegado el momento de plantarles cara con todos los instrumentos que pone a nuestra disposición el Estado de Derecho.