A las 11, 30 de hoy y bajo la presidencia del Presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, el Conseller de Bienestar
Social, Juan Cotino, ha firmado con los representantes sociales
de centros de atención a la dependencia un protocolo
por el que diversas entidades, mayoritariamente privadas,
ponen a disposición de la Generalidad un importante
número de plazas con el fin del que el Gobierno Valenciano
pueda cumplir las exigencias de la nueva ley nacional de
la dependencia ante la grave carencia de plazas públicas
en la Generalidad Valenciana.
Juan García Sentandreu en la representación
que ostenta en el sector de la atención y empleo
social a la discapacidad y, en especial, en nombre de la
Asociación Prodisminuídos Psíquicos
de Enguera y Comarca firmó uno de los protocolos
con el Conseller, Juan Cotino.
El acto lo cerró el Presidente Camps que agradeció
a todas las entidades y empresas el trabajo que realizan
a favor de las personas dependientes y las facilidades que
se han dado al Gobierno valenciano al poner a su disposición
un importante número de plazas residenciales.
De esta manera la Generalitat ha recurrido a la contratación
por medio de la formula de concierto plurianual con las
asociaciones y entidades privadas afectadas que son las
que titularizan la mayor parte de las plazas de asistencia,
residencia y atención a la discapacidad.
La falta de plazas públicas y la escasa inversión
de la Generalidad en este sector, así como la exigencia
legal de dotar a la ciudadanía dependiente de los
recursos sociales ha hecho que el Gobierno Valenciano acuda
al sector privado para poder cumplir la ley.
La ley de dependencia, publicada el 1 de Enero del 2007
fue aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta
del Gobierno de la Nación. El objetivo de esta futura
ley consiste en crear el Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) con el fin de promover la autonomía
personal y garantizar la atención y protección
a las personas en situación de dependencia en todo
el territorio español, con la colaboración
y participación de todas las Administraciones Públicas.
Gracias a la Ley de Dependencia, entre 2007 y 2015, las
personas dependientes podrán exigir los servicios
que requieran en función de su nivel de dependencia:
teleasistencia, atención domiciliaria, cuidadores,
centros de día y de noche, residencias, etc.
Según el Libro Blanco, en España hay 1,1 millones
de personas con dependencia grave o severa y 1,6 millones
necesitan algún tipo de ayuda para realizar labores
cotidianas.
Enlaces:
http://www.fevalcee.es/
http://www.fevalcee.es/images/cee.pdf
http://www.fevalcee.es/images/3-9317.pdf
http://www.fevalcee.es/images/derechodiscap.pdf
http://www.enguera.org/noticias/index.php?b=&c=11&n=486
