19 de enero de 2017

UN ABOGADO CATALANISTA OBLIGA AL ESTADO A PRONUNCIARSE SOBRE SI VALENCIANO Y CATALÁN SON LA MISMA LENGUA

- La catalanista AVL (Academia Valenciana de la Llengua) creada por la el PP en 1998 sostiene que "son una mateixa Llengua".

-La reforma del Estatuto de autonomía valenciano aprobada por PP y PSOE en 2006 establece que la AVL es la que tiene autoridad en materia de lengua en la Comunitat Valenciana.

- El TSJ de Madrid ordena al Estado aclarar si catalán y valenciano son lenguas distintas.

- Un abogado de Barcelona pidió explicaciones por la distinción que hacen las webs de la administración para elegir idioma.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado que aclare si catalán y el valenciano son idiomas distintos, en respuesta al abogado de Barcelona que le pidió explicaciones por la distinción que hacen las web de la administración entre ambos.

En su sentencia, el TSJM estima la demanda contenciosa presentada por el abogado de Barcelona Joan Vall y declara vulnerado el derecho del letrado a que el Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado se pronunciara sobre la distinción entre catalán y valenciano.

El letrado presentó en 2015 una petición al Consejo, organismo que creó en 2008 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para que diera una "explicación razonada" sobre los motivos por los que "en web de órganos oficiales se proponen el catalán y el valenciano como opciones idiomáticas diferentes".

En caso de entenderse que catalán y valenciano son el mismo idioma, el abogado emplaza al Consejo a adoptar "las medidas adecuadas para que la unidad lingüística quedase clara en todas las publicaciones".

Transcurridos los tres meses en que la ley obliga a contestar al Consejo -entidad que según Vall le reconoció telefónicamente que no iba a responder por tratarse de un tema "delicado"-, el abogado presentó una demanda contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que apoyó la Fiscalía, mientras la Abogacía del Estado se opuso a la misma.

En su sentencia, el Tribunal declara "vulnerado" el derecho fundamental de petición del demandante y ordena a la administración "dar respuesta a la petición formulada" por Joan Vall.

La sentencia precisa que la respuesta de la administración debe contener "al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente y las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo".

El TSJM obliga también al Estado a incluir en la respuesta, en su caso, "los acuerdos, medidas o resoluciones específicas que se hubieran adoptado en relación con la contestación dada".