Cualquier aprobación o derogación sólo se puede hacer mediante pacto de ambos partidos
El dictamen se había cargado la denominación oficial “idioma valenciano” que constaba en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982. Los catalanistas consiguieron gobernando el PP, lo que nunca lograron durante el gobierno rodillo del PSOE.
Leopoldo Peñarroja, consejero valencianista, en la justificación de su voto en contra, había dado las señales de alarma, habló de que había sido suplantada en su función la Real Academia de Cultura Valenciana y que o había sido solucionado el problema real que “en el fondo se ha quedado sin tratar y resolver”.
Salió en el dictamen lo que se pactó en Reus entre Zaplana y Pujol. Estaba todo previsto. Las entidades culturales valencianistas volvieron a protestar. Sobre todo, porque quienes habían decidido sobre la naturaleza de la Lengua Valenciana no creían en ella, sino en el catalán.
El catalanismo progresó en su avance. La Ley de Creación
de la Academia Valenciana de las Cortes llegó a las Cortes Valencianas.
Fue aprobada el 16 de septiembre de 1998.
El PSOE presionó mucho para controlar la lista de los 21 académicos,
querían que la mayoría de miembros fueran afines a su ideología
y, sobre todo, catalanistas convencidos.
UV y EU presentaron enmiendas, que fueron rechazadas con los votos del PSOE y PP. UV votó en contra de la Ley al final de la corrida, pero en su día votó a favor de que fuera el Consell Valencià de Cultura quien hiciera el dictamen, que sentenciara definitivamente el conflicto y lo bascularía hacia a favor del catalanismo.
La AVL tenía que constituirse o derogarse por los tres quintos de votos de las Cortes. Quedaba bloqueada pues al gusto de los partidos del duopolio, PP y PSOE. Con el tiempo se avanzaría más, y la AVL, en la reforma del texto estatutario, marzo de 2006, quedaría integrada como ente normativo en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. El PSOE y el catalanismo se aseguraron, e impusieron, que no se quedara en ser un mero órgano consultivo. La blindaron frente a cualquier intento de acoso y derribo.
La Ley, copia literal del dictamen del CVC, atribuía a la AVL la función de “velar por el uso normal del valenciano y defender su denominación y entidad” (art.7º, d) lo cual fue infringido desde el mismo momento de nacer, dado que se apresuraron legisladores y académicos en denominar catalán al valenciano, bajo el eufemismo de pertenecer “al mismo sistema lingüístico”.
Llegó el momento de elegir académicos. Sólo podían ser los presentados y aprobados por PP y PSOE. En el artículo 10,b se expresaba los requisitos para serlo: “Ser expertos en valenciano con una acreditada competencia científica y académica o destacadas personalidades de las letras o de la enseñanza en materia lingüística o una producción reconocida en el campo del valenciano o la cultura valenciana”.
La elección era para 15 años, quien pudiera colocarse allí se aseguraba de sobra la jubilación. El sueldo iba a ser generoso. La AVL tiene un presupuesto anual que rondaba los 600 millones de las antiguas pesetas.
Cada partido, PP y PSOE, presentó sus candidatos. El PSOE los buscó de reconocida fe catalanista. El PP los buscó mayores y jubilados en su mayoría y los pocos menos mayores procuró que fueran acólitos de amen, que no crearan problemas y aceptaran de buen grado lo que se les presentaba a la mesa. Es más, la cuota del PP aportó algún que otro académico catalanista.
A partir de ese momento, el catalanismo y el PSOE tuvieron atada y bien atada la cuestión lingüística, adaptada a su imagen y semejanza, cortada y medida a su gusto y a sus anchas.